Discuten el contexto del derecho a la educación en AL&C

Entre las principales barreras para la realización de una educación emancipadora y garante de derechos en la región, se destacaron la aplicación de pruebas estandarizadas internacionales como forma de medir la calidad educativa, la criminalización de la protesta social, la falta de recursos para el sistema educativo público y el lucro en la educación

Por Fabíola Munhoz, de la CLADE

En el segundo día de actividades de la IX Asamblea Regional de la CLADE, que se realiza en Ciudad de México hasta el 14 de noviembre, tuvo lugar una mesa de debates con el tema “La Coyuntura de la Educación en América Latina y el Caribe”.

Participaron Myriam Feldfeber, investigadora y catedrática de la Universidad de Buenos Aires, Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y Merlin Aguirre, procurador de derechos humanos y ex militante del Movimiento estudiantil Universitario Hondureño. Moderó el debate Rosa Zuñiga López, secretaria ejecutiva del CEAAL y miembro del Comité Directivo de la CLADE.

En su ponencia, Feldfeber destacó que ante el ascenso de gobiernos neoliberales en distintos países de la región que amenazan los derechos sociales alcanzados en otros períodos, se requiere contrarrestar el discurso que plantea una mirada instrumental de la política, y que establece en el imaginario que todo debe resolverse a través de pactos sociales y sin conflictos. “La política se caracteriza por la confrontación de modelos, y lo mismo pasa en la educación, no hay que tener temor a confrontar los distintos modelos. Educar para la emancipación no es lo mismo que educar para el mercado. Hay modelos en disputa y es difícil pensar como se cree que en estas mesas de diálogo todos se mueven en la misma dirección, cuando los nuevos gobiernos de algunos países están a servicio del sector privado, y no de la mejora de vida de la población”.

En este sentido, criticó a la aplicación de pruebas estandarizadas internacionales como el PISA, que subordinan a los países a un modelo externo de calidad educativa determinado en base a resultados mensurables de aprendizaje y a una mirada instrumental y mercadológica de la educación, que genera una visión de que la educación pública tiene baja calidad. “Debemos empezar a pensarnos como región y a construir un pensamiento diferenciado desde nuestras propias realidades, desde la integración regional y de nuestros gobiernos, nuestros propios sistemas educativos”, añadió.

A su vez, Aguirre enfatizó que los movimientos estudiantiles son actualmente los principales actores en defensa de la educación pública en nuestra región. “Son ellos los que están expuestos a la represión, al desaparecimiento y a la violencia. Son los que están en las calles luchando por el derecho a la educación. Hay compañeros que están siendo judicializados, otros que están en las cárceles”.

Añadió que la lucha de las y los estudiantes se ha dinamizado a través de las redes sociales y también se ha diversificado la naturaleza de sus demandas, incluyendo la cuestión de género, la superación de la discriminación étnica, la lucha campesina y la educación inclusiva con énfasis en el acceso de las personas con discapacidad a la escuela, entre otras banderas.

Entre las principales reivindicaciones del movimiento estudiantil en la región, subrayó: el acceso a la educación para todas las personas, la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones en los centros educativos y en la definición y el diseño de las políticas educativas, el fortalecimiento de la educación pública en detrimento de la mercantilización de este derecho, el fin de las pruebas estandarizadas para acceder a la universidad y la garantía de presupuesto educativo suficiente, en el actual contexto regional de reajuste fiscal y recorte de recursos para los derechos sociales.

“Actualmente se está implementando un examen para ingresar a la Universidad Autónoma de Honduras que lo desarrolla una empresa de Porto Rico. En este modelo de examen se utilizan palabras que siquiera utilizamos en Honduras, y con ello muchos estudiantes fallan en esta evaluación y tienen violado su derecho a la educación terciaria”, relató.

Por fin, Camilla Croso recordó las disputas que estuvieron en juego durante el proceso de negociación de la Agenda de Educación 2030, cuando la sociedad civil incidió para que se adoptaran los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) anclados en los derechos humanos, en oposición a actores – especialmente de países anglosajones e institutos empresariales - que pretendían definir la agenda en base a una mirada economicista e instrumental de la educación, reducida a resultados mensurables de aprendizaje a través de la aplicación de pruebas estandarizadas.

“Tuvimos el logro de garantizar que se incluyera la perspectiva de derechos humanos en la Agenda, pero es importante entender que estos actores siguen actuando en favor de una mirada reduccionista de la educación, en el contexto de elaboración de los indicadores para el seguimiento y monitoreo de los ODS. Inclusive, han logrado incluir como indicador para la meta 4.1 del Objetivo 4 – de Educación – la aplicación de pruebas estandarizadas para la medición de los niveles de aprendizajes de niñas y niños pequeñas/os”, comentó.

De otra parte, reconoció como un avance que se haya logrado incluir entre los indicadores de la Agenda de Educación 2030 la gratuidad y el acceso a la educación primaria y secundaria, y destacó que la sociedad civil debe seguir vigilante e incidiendo en contra de los efectos negativos de las pruebas estandarizadas. “Hay una industria por detrás de la valorización de pruebas estandarizadas como el PISA. Los actores privados que impulsan estas evaluaciones están determinando el contenido y el modelo de nuestros sistemas educativos y abriendo camino para la privatización de la educación, pues para que sea comerciable es necesario que la educación se estandarice”, afirmó.

Asimismo, apuntó como barreras para la realización de una educación emancipadora y garante de derechos en la región: la militarización de la gestión de centros educativos en países como Honduras y Brasil, el crecimiento de la privatización de la educación, por ejemplo, en la modalidad de las escuelas privadas de bajo costo administradas por grupos empresariales internacionales, el gran poder de influencia de redes de empresarios en la definición de las políticas educativas, la criminalización y represión a la protesta social y la reducción de la financiación pública al sistema educativo público.