Activistas reflexionan sobre los desafíos de las democracias y los derechos humanos en América Latina y el Caribe

En este debate, se destacaron como retos el aumento de la desigualdad social, la recesión económica, la desigualdad de género y la reducción de derechos que imponen los acuerdos comerciales que se negocian a nivel internacional

Por Fabíola Munhoz, de la CLADE

Como parte del programa de la IX Asamblea Regional de la CLADE, que se realiza hasta el 14 de noviembre en Ciudad de México, tuvo lugar el día de hoy 12 de noviembre, un debate sobre la coyuntura regional de las democracias y los derechos humanos en América Latina y el Caribe.

Participaron como ponentes Ekaterina Parrilla, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y Alma Rosa Colín, de la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia de México, que es también punto focal del Grupo Mayor de Mujeres (Women Major Group) de la ONU. Moderó el debate Madeleine Zuñiga, coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación y miembro del Comité Directivo de la CLADE.

En su intervención Parrilla destacó como principales retos para las democracias y los derechos humanos en nuestra región el aumento de la desigualdad social, la recesión económica, los problemas causados por los cambios climáticos, la reducción de derechos que imponen los acuerdos comerciales que se negocian a nivel internacional, el rezago de inversiones en lo que toca al desarrollo tecnológico en los países latinoamericanos, entre otros.

En este contexto, subrayó que es necesario que haya mayor participación social y el impulso a cambios estructurales respecto al modelo de desarrollo de los países, así como coaliciones entre el mercado, la sociedad civil y los gobiernos para que se puedan cumplir los compromisos firmados por los Estados con la adopción de la Agenda de Desarrollo 2030 que, entre otros objetivos, determina la obligación de garantizar una educación pública, equitativa y de calidad para todas las personas hasta el 2030. En este sentido, recordó la importancia de que los Estados asignen los recursos necesarios para el cumplimiento de esta Agenda, emprendiendo esfuerzos en el alcance de la justicia tributaria, que por un lado contenga la evasión fiscal, y de otro exija que las grandes empresas paguen los impuestos que les tocan.

“Son desafíos para la realización de una educación emancipadora y garante de derechos en este contexto: las implicaciones de política pública que ello requiere, infraestructura escolar, recursos, calidad, idoneidad y pertinencia, formación docente, que las escuelas atiendan a la reivindicación cultural de los pueblos, participación, atención a poblaciones discriminadas y excluidas, el fortalecimiento de la educación pública por encima de los intereses privados, observar los eslabones entre la educación y otros condicionantes del desarrollo, como las situaciones de pobreza, aislamiento geográfico y discriminación”, afirmó [mira aquí su ponencia completa].

A su vez, Colín presentó el trabajo de incidencia que su organización ha impulsado a nivel internacional desde el 2012, para que se garantice y respete una Agenda de Desarrollo mundial que reconozca los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la promoción de un planeta sano y con justicia social.

En 2012, durante la Río+20, en el marco de un proceso de evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y como preparación para la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que remplazarían la agenda anterior en 2015, se crearon los Grupos Mayores del Sistema ONU, plataformas temáticas de organizaciones de la sociedad civil que se hicieron cargos de darle seguimiento a estos acuerdos internacionales, incidiendo y participando en la definición de los nuevos compromisos.

“Hemos incidido en las negociaciones de los ODS para que se incluyera en el proceso nuestra mirada desde organizaciones de mujeres y del movimiento feminista en América Latina y el Caribe. Ahora, en la fase de implementación de los acuerdos, tenemos nuevos retos. Entre ellos se destacan la reducción de financiación a las actividades de las organizaciones sociales, de una parte, y de otra, el aumento de la criminalización y represión contra movimientos de la sociedad civil”, afirmó.

Añadió que, pese a que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tengan la igualdad de género como eje transversal, esta agenda tiene pendiente responder a problemas clave con que se enfrentan diariamente las mujeres en la región, como la necesidad de reducir y reconocer el trabajo doméstico no remunerado, y la urgencia de garantizar y promover los derechos sexuales y reproductivos, inclusive tratando al aborto legal como un tema del derecho a la salud y a la vida.

Por fin, enfatizó que la sociedad civil debe seguir incidiendo para que se cumpla la Agenda de Desarrollo 2030, por ejemplo, acompañando e influenciando la presentación de informes voluntarios por los países. Agregó que se puede hacerlo a partir de la elaboración de informes sombra, la lucha por la promoción de marcos normativos que atiendan a los derechos humanos, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental, entre otras garantías de los ODS, y la participación en la elaboración de indicadores y mecanismos intersectoriales e integrales de implementación y monitoreo de estos compromisos. “Debemos tener mecanismos de seguimiento integrales, con miras a impulsar que los Estados dejen de adoptar políticas sectoriales y sin conexión entre sí, pues ello va en contra a la integralidad de derechos prevista en la Agenda 2030”.

Luego de estas ponencias, se abrió un debate entre las y los presentes en que se destacó, entre otros retos, la necesidad de incluir a las comunidades LGBT en los debates internacionales sobre género, el hecho de que los Estados se encuentran debilitados frente al ascenso del poder político de grandes conglomerados económicos, el crecimiento de grupos conservadores y religiosos en los contextos políticos nacionales, la falta de datos desagregados que presenten informaciones claras sobre el acceso a derechos por parte de los grupos más marginados y la necesidad de incidir por el fortalecimiento de los Estados y por la adopción de políticas que garanticen la integralidad de derechos.