"La reforma educativa en México penaliza a los docentes por los problemas del sistema educativo"

En el marco del seminario “Educación emancipadora y garante de derechos”, entrevistamos a Alberto Arnaut, historiador e investigador de la UNAM, quien nos comenta los impactos de la reforma educativa que se impulsa en México

Por Fabíola Munhoz, de CLADE

Colaboró con la edición María Cianci, de ALER

En el contexto de la realización del seminario internacional “Educación emancipadora y garante de derechos”, entrevistamos a Alberto Arnaut, historiador e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien fue uno de los participantes de la mesa inaugural del encuentro. En la ocasión, nos compartió informaciones sobre la evolución histórica del derecho a la educación en México, y los impactos que la reforma educativa que se impulsa en el país generará para el magisterio. “La reforma, que no es educativa, sino laboral, tiene como uno de sus pilares la aplicación de evaluaciones estandarizadas para medir el rendimiento de los docentes, lo que les podrá llevar al despido si no tienen buen desempeño en estas pruebas. Quieren penalizar al magisterio por los problemas del sistema educativo”, afirmó.

Oiga la entrevista completa:

¿Nos podrías trazar, por favor, un histórico del derecho humano a la educación en México hasta la actual reforma educativa que se impulsa en el país?

Sabemos que la homogenización de los sistemas educativos, a servicio de una perspectiva economicista e instrumental de la educación, es una tendencia en nuestra región. ¿Cómo se observa esta concepción educativa en México?

  
Sabemos que la aplicación de pruebas estandarizadas a docentes como forma de medir la calidad educativa es un elemento clave de la reforma educativa que se desarrolla en México. ¿Qué opinas al respecto?

Lea a continuación un resumen de la entrevista.

Evolución histórica del derecho humano a la educación en México

Arnaut explica que, como herencia del modelo desarrollista que se vivió en varios países de América Latina y el Caribe, siguen cambios en el sistema educativo mexicano que van a tono con las políticas y recomendaciones que llegan del exterior, sobre todo de los organismos financieros internacionales y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). “Se realizaron asimismo otros cambios que respondieron más a las problemáticas específicas de México, que se habían acumulado a lo largo de décadas de acelerada expansión del sistema educativo bajo un modelo centralista y uniforme para todo el país”.

Otros cambios en el sistema educativo, según el historiador, combinaron requerimientos nacionales con recomendaciones internacionales. “Este período, que yo denomino de ‘modernización educativa’, empieza a finales de la década de los 70 y culmina al cambio del siglo, con una serie de transformaciones, como la descentralización en distintos niveles educativos. Sin embargo, en México, permaneció concentrada en el nivel nacional la determinación de planes y programas de estudio para todas las escuelas públicas y privadas del país, así como el financiamiento educativo”.

Añadió que, paralelamente, empezó en el país la implementación de políticas educativas con componentes del modelo liberal. Por ejemplo, el pago docente por incentivos, que se implantó primeramente en la educación superior a inicios de los 80 y, a inicios de los 90, se aplicó también a la educación básica, con el llamado “Programa de Carrera Magisterial”, el cual determinaba la evaluación de formación y desempeño docente como requisito para acceder a la carrera y moverse en ella. “Eran los primeros pasos para la evaluación masiva del magisterio. En paralelo, el Estado adhería a pruebas estandarizadas internacionales de evaluación educativa. A continuación, se funda el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), en 1992, y luego se crea la Prueba Enlace [Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares] para evaluar a los aprendizajes de niñas y niños de educación primaria y secundaria”, explica.

En este momento, de acuerdo al historiador, empiezan a aparecer de manera más visibles, en el sistema educativo mexicano, las recomendaciones internacionales y el concepto de calidad desde la perspectiva neoliberal, asociada a instrumentos de evaluación de estudiantes y docentes. “Creer que basta con evaluar a los docentes para mejorar su formación y evaluar a los estudiantes para mejorar su aprendizaje es un absurdo. La evaluación en si misma no mejora la calidad educativa, pero sí está probado que un exceso de evaluaciones tiene consecuencias negativas que pueden provocar un efecto contrario, empeorando la calidad. La Prueba Enlace, por ejemplo, provocó la limitación del desarrollo de clases a la preparación de las y los estudiantes para tener un buen rendimiento en esta evaluación. En lugar de dedicarse a trabajar en lo sustantivo del currículo de la educación básica, las y los docentes se dedicaban a salir lo mejor librados en las evaluaciones asociadas al programa de carrera magisterial”.

La reforma educativa actual

Arnaut explica que, a partir de 2012, se empezó a impulsar en México la actual reforma educativa, la cual, según el investigador, es más bien "una reforma laboral disfrazada de reforma educativa", pues consistió básicamente en establecer un nuevo servicio profesional docente para regular el ingreso, la movilidad, el reconocimiento y la permanencia del magisterio en la educación básica y media superior. “Se crearon condiciones para que el Congreso promulgara una ley general del servicio profesional docente, para regular el ingreso, reconocimiento y permanencia de las y los docentes en la carrera. Los principales rasgos de este nuevo servicio son: el centralismo en el diseño de lineamientos y evaluaciones educativas, que se concentran en manos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del INEE; y la unilateralidad en la definición de parámetros, perfiles, indicadores, exámenes y dispositivos de evaluación, sin cualquier participación del magisterio y de la representación sindical docente. Lo más dramático es que se escuchó mucho más a los empresarios que no quieren la escuela pública y deprecian al magisterio de las escuelas públicas, que a las y los maestras/os que se someterán a este nuevo régimen laboral”, afirma.  

Según el historiador, el gobierno no escuchó al magisterio ni en el diseño de la reforma constitucional educativa, ni en la definición del paquete legislativo que determinó el nuevo servicio profesional docente. “La única participación que les han dado ha sido la de someterse a la evaluación punitiva de desempeño. Si no se someten, serán despedidos de su empleo o echados de la función docente y restrictos a una función de carácter administrativo que la autoridad educativa decidirá unilateralmente”.

El historiador afirma también que la evaluación docente, que es el corazón de la reforma educativa, es un absurdo, pues se basa en un examen de opciones múltiples, que no evalúa de hecho al trabajo que desempeñan las y los maestras/os. “La única manera de evaluar la actividad docente es la observación del docente en el aula y situado en contextos específicos. Esta reforma tendrá consecuencias laborales extremas, como el despido. Si no te sometes a la prueba, te vas. Si repruebas tres veces consecutivas, también te vas. Eso debilita cualquier otro aspecto positivo que pudiera tener esta reforma laboral y es una evidencia de que la misma ha arrasado a los derechos laborales docentes”, añade.

Por fin, Arnaut aborda los efectos negativos de la reforma en lo que toca al proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas. “A partir de ahora, las y los docentes van a preocuparse más en salir bien en las evaluaciones y en permanecer en el empleo que eligieron, y se van a distraer del trabajo sustantivo de la docencia en el aula, lo que irá afectar negativamente a la calidad educativa”.