Reforma educativa en México implanta modelo de gestión por resultados en base al discurso de la autonomía escolar

La investigadora Lucia Rivera afirma que, por la reforma, el término autonomía es despojado de su significado emancipador y su vínculo con la democratización de la vida escolar; para la abogada Volga de Pina, este cambio traerá efectos negativos para la garantía y el respeto de los derechos humanos en las escuelas

Por Fabíola Munhoz, de CLADE

Foto: Ronaldo Schemidt | Getty

Según artículo de Lucía Rivera, investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Ajusco, México, un punto especialmente preocupante de la reforma educativa que se impulsa en el país tiene relación con la modificación del artículo 3° de la Constitución, y la creación posterior del artículo 22 de la Ley General de Educación (LGE) que determinan el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las autoridades escolares y las madres y padres de familia. En el artículo 28 de la misma ley se agregó que “las autoridades federal, locales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas”.

La investigadora afirma que, con esta reforma, el término autonomía es despojado de su significado emancipador y su vínculo con la democratización de la vida escolar. “En su lugar se propone una autonomía regulada y acotada, al servicio de fines pragmáticos. Otro aspecto inquietante es la concepción implícita de la escuela como una organización productiva rentable, cuya razón de ser es el logro de determinados aprendizajes”, explica en su artículo.

De acuerdo al mismo texto, el concepto de “autonomía de gestión” podrá implicar también en la responsabilidad de las madres y los padres de familia por los problemas de operación de la escuela, como el pago de servicios básicos (agua y luz, por ejemplo) y las descomposturas y/o carencias materiales de los centros educativos. Asimismo, en la mirada de la autora, esta propuesta podrá otorgarles a las familias amplias atribuciones de vigilancia sobre las/os docentes y discrecionalidad para decidir sobre la presencia de grupos privados y agentes externos en las escuelas públicas, la mayoría ligados a sectores empresariales.

Paralelamente al fortalecimiento de la autonomía de gestión de las unidades escolares, la Secretaría de Educación Pública (SEP) generalizó en todas las escuelas el uso de la “Ruta de Mejora”, que se definió como un sistema para ordenar y sistematizar procesos de mejora de la gestión escolar, y que deberá ser utilizado continuamente por el Consejo Técnico Escolar, especie de colectivo formado por directoras/es, docentes y asesores técnico-pedagógicos, que la reforma establece como instancia de organización, dirección y control de las acciones de la escuela.

En intervención durante seminario virtual organizado por el CREFAL, Alfredo Pallares, de la SEP, afirmó que la creación del Consejo Técnico Escolar tiene el objetivo de aumentar la autonomía y el liderazgo de las escuelas, promoviendo la mayor eficacia de la gobernanza del sistema educativo. Esta mayor autonomía escolar, de acuerdo con él, abarcará no solo la gestión administrativa, sino que además impulsará la autonomía curricular, de manera que los centros educativos ofrezcan aprendizajes de acuerdo a las necesidades de su contexto regional o local. “La misión de este Consejo será diseñar estrategias para conseguir resultados, mientras que le tocará al INEE [Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación] dirigir los procesos de evaluación de la reforma educativa como un todo, inclusive evaluando los programas educativos según estándares administrativos”.

Para la abogada e investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia Volga de Pina, este cambio en la autonomía de la gestión escolar es especialmente preocupante en lo que toca a la garantía y al respeto de los derechos humanos en los centros educativos, pues en distintas comunidades y familias a lo largo y ancho de México, predominan conceptos machistas, racistas y religiosos que podrán volverse en obstáculos a la libertad pedagógica, la democracia y la convivencia pacífica en las escuelas. “Es posible que la gestión escolar acabe en manos de comunidades lideradas por iglesias, pensamientos conservadores y lógicas de perjuicio y discriminación. Eso no va a favorecer la democratización de las escuelas y el respeto a los derechos y libertades. Es una trampa, por la cual el cura o el empresario puede venir a ocupar un lugar que es público y de responsabilidad del Estado, con miras a defender sus propios intereses en cada comunidad”.

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